Los defensores públicos son los abogados que se encargan de los procesos cuando los involucrados no tienen como pagar asistencia judicial. No son funcionarios de la Defensoría del Pueblo pero son una extensión.
En promedio estaban inscritos algo más de 4.000 defensores públicos que se encargaban de hasta 12.000 procesos, pero en mayo se vencieron los contratos y para firmarlos nuevamente se dispuso de un concurso de mérito que dejó nuevos nombramientos.
El problema es que no quedaron todos, que ya eran pocos para la carga laboral,faltaron más de 2.000 nombramientos y la situación empezó a afectar el sistema judicial.
Son miles de procesos incluyen la asesoría legal de los defensores públicos y las audiencias se deben suspender por la falta de esos abogados.
Los defensores que pasaron el concurso de mérito debieron asumir los procesos de los nombramientos que faltaron; pasaron de 120 expedientes a más de 300 por cada defensor.
Desde el Colegio de Defensores Públicos, la agremiación que los reúne, advierten que esto genera “caos” en la justicia y que la falta de nombramientos hace parte de una falla en el proceso de contratación de los abogados.
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