El abogado Jaime Lombana mantiene una lucha frontal contra la corrupción en la administración de justicia.
Todo esto se suma a los más de 25 años de carrera dedicados a resolver casos judiciales.
Uno de los procesos más sonados, en ese sentido, data de 2017, cuando interpuso una demanda penal contra Andrés Cornerlio Martínez.
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Este ciudadano era fiscal 37 de la seccional de delitos contra la Administración Pública, en Bucaramanga.
El motivo de esta denuncia fue la interceptación ilícita de llamadas telefónicas entre abogados y defendidos.
La delito correspondía a un caso contra 18 concejales de Floridablanca, en Santander.
La administración de justicia y sus grietas
Para Lombana, este tipo de actuaciones son impermisibles, pues recuerda que se trata de una falta grave al debido proceso contra la cual “hay que batallar”.
“Es violar el derecho esencial a la defensa, la mínima relación de confianza y confidencia entre un defendido y su abogado”, sostiene el abogado.
Y es que, además del delito de la interceptación, el fiscal había presentado esas grabaciones como evidencias para solicitar la privación de libertad.
“Estas son actuaciones que no se pueden permitir en la administración de justicia, sobre todo cuando formas parte de la estructura del Estado destinada a esa meta”, reitera Lombana.
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